Por Damián Martínez-Fernández
Director de Conservación y Política Pública de la Federación Costarricense de Pesca FECOP.
Costa Rica tiene un largo historial de acciones y normas que protegen a los mamíferos marinos. Convenciones internacionales, leyes y decretos se han encargado de robustecer el paradigma verde que tiene el país.
Somos parte de la Comisión Ballenera Internacional, nuestra Ley de Pesca y Acuicultura N.º 8436 en los artículos 39 y 140 prohíben la captura, el maltrato o la matanza de delfines y ballenas; incluso penaliza con cárcel algunas de estas prácticas. Los decretos ejecutivos N.º 41003, N.º 34.327 y N.º 32495 declaran la zona económica exclusiva del país como santuario para ballenas y delfines y regula el transporte acuático y el turismo marino para disminuir probabilidad de colisiones con buques mercantes y los posibles impactos por actividades de avistamiento de delfines.
¿Y por qué nos interesan las ballenas y delfines? Estudios realizados en Costa Rica demuestran que el turismo de avistamiento de delfines y ballenas puede estar generando cerca de $21 millones por año, de los cuales mucho queda en comunidades costeras para reactivar las economías. El mejor ejemplo es Bahía Ballena, una comunidad en el Pacífico sur de Costa Rica en donde el 90% de su economía depende de los delfines y ballenas. Por otro lado, en el 2019 el Fondo Monetario Internacional estimó que cada ballena puede secuestrar en promedio hasta 33 toneladas de CO2. Se ha estimado que el tamaño poblacional de las ballenas jorobadas que visitan Costa Rica cada año ronda entre 500 a 600 individuos para la “población del norte” mientras que la población reproductiva del sur (stock G) es cercano a los 6,504 (Bettridge et al. 2015). Esto suma varios aliados al nuestro Plan de Descarbonización.
Hoy día se discute en la Asamblea Legislativa el expediente 21.531 denominado “Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense. Reforma de los artículos 42, 43, 49, 50, 51 y 60, derogatoria del artículo 55 y adición de un artículo 70 bis, un transitorio y una Sección II al Capítulo IV del título II de la Ley de Pesca y Acuicultura n°8436, de 01 de marzo de 2005 y sus reformas”.
En la exposición de motivos, José María Villalta como diputado proponente recalca que “el problema de la pesca incidental de los grandes barcos atuneros (capturas que no constituyen el objetivo prioritario de las embarcaciones cerqueras) agrava considerablemente la situación expuesta. Además de los picudos, las grandes redes de los barcos cerqueros capturan al menos 27 especies de peces pequeños, dorado, wahoo, mantas, rayas, tiburones y delfines, afectando no solo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, sino también la actividad económica de los pescadores nacionales y la industria turística nacional que depende de la pesca deportiva y otras actividades como el buceo y la observación de las especies afectadas”.
Y es que el método de pesca industrial que utilizan los barcos atuneros extranjeros en Costa Rica, tiene impactos directos sobre los delfines. Esto es muy simple, para pescar atún, los cerqueros en Costa Rica tiran las redes sobre delfines. Capturan todo, delfines, ballenas, tortugas marinas, tiburones, velas, etc. Es como si estuviéramos en la playa y para agarrar unas pipas botemos toda la palmera, es la misma lógica.
Un estudio publicado en marzo del 2021 determinó, que específicamente en Costa Rica, el 84% de los lances de cerco que se hacen para pescar atún se hacen sobre delfines. En otras palabras, de 14.005 lances totales realizados, 11.796 lances se realizaron sobre delfines.
Bajo este proyecto de ley hay una intención inicial de poder ampliar los polígonos de exclusión de pesca de cerco, y así reducir la pesca incidental. A la vez pretende dejar una porción del territorio marino, para que pescadores comerciales locales, puedan hacer uso exclusivo de las especies como el atún.
Mauricio González, líder de los pescadores de palangre y candidato a diputación por Puntarenas, en febrero del 2020 mencionó en una comisión legislativa que para el sector palangrero lo mejor era que la flota cerquera internacional pescara fuera de la zona económica exclusiva. Otros sectores concuerdan con que la ampliación de los polígonos de exclusión costera debe darse, al menos a 100 millas.
También el proyecto de ley pretende empezar a cobrar las licencias que hoy se regalan. Sí, seguimos regalando licencias para que buques extranjeros industriales vengan a Costa Rica a pescar atún lanzando redes sobre delfines. En Costa Rica, el Campeón de la Tierra 2019 en la categoría de liderazgo político y Earthshot Prize 2021 categoría de protección y restauración de la naturaleza.
Lo lamentable es que el desinterés llega a muchos sectores políticos. El proyecto de ley no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo, los diputados en sesiones ordinarias nunca lo convocaron, inclusive se han presentado mociones de varios diputados y diputadas (Pablo Heriberto Abarca, Luis Fernando Chacón, María José Corrales, Aida Montiel, Paola Valladares, Gustavo Viales, Zoila Volio, Jonathan Prendas) vía artículo 137 para reducir la zona de protección que permite la protección de los delfines así como el uso del atún por la flota nacional.
Hoy que se discute tanto la importancia de proteger nuestros mares, y que el océano es de alta prioridad de esta Administración, para alcanzar las ambiciosas metas internacionales, quizá sea oportuno que el Poder Ejecutivo convoque el proyecto de ley en las sesiones extraordinarias. Es menester que el país deje de regalar las licencias a barcos extranjeros. En el corto plazo podríamos proteger especies tan importantes como los delfines, así como también brindar de recursos frescos al manejo de las pesquerías del país.
